La lucha en contra del crimen organizado no puede justificar los excesos: detenciones arbitrarias, cateos ilegales, robos en los domicilios, homicidios imprudenciales, abusos de autoridad. A la violencia y brutalidad de los criminales, no pueden corresponder respuestas análogas de las fuerzas públicas que tienen la obligación de apegarse a la ley y de no incurrir en actos deleznables ni siquiera con el pretexto de combatir a delincuentes despiadados.

En las guerras se llaman “daños colaterales” —es decir, accidentales, no previstos— a las bajas de civiles ajenos al conflicto. En algún momento, el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, calculó que cuatro de cada 100 muertos en la lucha contra el narcotráfico, correspondían a esa definición. Lo cierto es que, a los casos con mayor resonancia, como el ocurrido en junio de 2007, cuando cinco mujeres y niñas perdieron la vida al pasar por un retén en Sinaloa, se suman otros: por ejemplo, al menos dos muertes de esta naturaleza están vinculadas a los operativos que hace unas semanas emprendió la Armada de México en el estado de Morelos, en los que fue abatido el capo Arturo Beltrán Leyva.

A la falta de planeación de las acciones (en ocasiones bruscas y con altos grados de improvisación), se agrega la deficiente preparación de los soldados para tareas policiales y un nerviosismo que los lleva a confundir a inocentes con sicarios o a sobrerreaccionar provocando esas muertes absurdas.

No hay forma de reparar el dolor que esas ausencias dejan a sus familiares y amigos, pero es imperativo que los altos mandos del Ejército y la Armada de México, al tiempo que refuerzan el entrenamiento de los soldados en misiones policiales, fortalezcan la adopción de valores, significativamente, el respeto a los derechos humanos; que asuman su responsabilidad con mayor profesionalismo.

Las denuncias que involucran a militares tienen que ser conocidas por los tribunales civiles. No hay razón para que el ministerio público renuncie a sus atribuciones en esta materia. El mandato constitucional no admite duda alguna: “Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. (Cursivas mías).

Los reportes de organizaciones como Human Rights Watch (HRW) sobre detenciones arbitrarias, secuestros, torturas y homicidios son preocupantes, pero no puede pasar inadvertida la insistencia de HRW en señalar a las Fuerzas Armadas, mientras parecen soslayar violaciones más graves y recurrentes de las corporaciones policiales. HRW es un organismo muy cercano a actores políticos en el Senado norteamericano y el Departamento de Estado. ¿Qué hay detrás de su insistencia en focalizar a las Fuerzas Armadas? Sería inquietante que estuviera el interés de las agencias norteamericanas por doblar a instituciones que, más allá de sus defectos, se resisten a ser dóciles respecto de autoridades extranjeras y mantienen un celo nacionalista.

Al interés de instancias norteamericanas por el escrutinio y la “certificación” del desempeño mexicano, tiene que corresponder, en un esquema de corresponsabilidad real, un reclamo semejante para que en Estados Unidos se reduzca la demanda de enervantes, se investigue y castigue el lavado de dinero y se reduzca el contrabando de armas.

Por ahora, los militares no pueden regresar a sus cuarteles como demandan algunos por buenas y otros por malas razones (dejarle el campo libre a los narcotraficantes o a grupos antisistémicos), no mientras el nuevo modelo de policías no sea una realidad. La presencia ostensible de los militares en la lucha contra el narcotráfico se explica por dos condiciones que permanecen inalteradas: 1) el grado de descomposición de casi todas las corporaciones policiales y 2) la conversión de México de país de tránsito de enervantes, lo que reclamaba sólo el control de rutas, a país de consumo, que implica el control cuasi-militar de territorios. Pero nadie, menos los soldados, pueden tener patente de corso.

Presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario

Alfonso Zárate Flores, director general de Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C. (GCI), es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science.

En el sector público fue, entre otros cargos, director general de Análisis Político en la Presidencia de la República, asesor del secretario de Relaciones Exteriores, asesor del subsecretario de Gobernación y en el ámbito académico fue director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED) y la Universidad Iberoamericana (UIA). Es autor y coautor de numerosos ensayos y artículos y de varios libros, entre ellos, Los usos del poder, Fin de siglo, fin de ciclo y Fox: los días perdidos.