El PRI —los votos de sus legisladores en el Congreso de la Unión y en las legislaturas estatales— es imprescindible para concretar la reforma que reclama el régimen político; una reforma que, por una parte, atienda las contrahechuras más severas de nuestro sistema constitucional y legal que atascan la gestión pública y, a un tiempo, establezca incentivos para la coordinación entre poderes.
Los años recorridos desde 1997 —cuando el PRI perdió por vez primera su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados—, han hecho evidentes las insuficiencias de un entramado jurídico que funcionó gracias a la existencia de un poder presidencial que se erigía sobre cualquier otro, pero que ahora, con una verdadera división de poderes y en un escenario de gobierno dividido, atora las decisiones y entrampa la gobernabilidad.
En el PRI, las voces más estridentes —aunque no necesariamente las decisorias— afirman que la reforma política propuesta por Calderón “no pasará”. Algunas de las premisas que parecen justificar el rechazo son falsas:
1) La originalidad (o la paternidad) de la propuesta. La iniciativa de Calderón sólo recupera discusiones y proyectos que desde distintos espacios se ha expuesto en los últimos años, en consecuencia, incluye demandas que se tradujeron en iniciativas y están pendientes de dictaminar en el Poder Legislativo.
2) La motivación de Calderón: fortalecer su gobierno. Si se toman los tiempos legislativos exigibles para reformas constitucionales, en el mejor de los casos algunas de las propuestas apenas entrarían en vigor en 2011 y otras, incluso, en 2012; es decir, que de aprobarse tendrían incidencia mínima en el resto de la administración.
3) La “iniciativa preferente” como imposición al Legislativo. Quienes la impugnan parecen soslayar que no conduce, necesariamente, a la aprobación de las iniciativas del Ejecutivo sino a evitar que se arrumben y hacer obligatoria la discusión, dictamen y votación en cualquier sentido: aprobar o no las “iniciativas preferentes” que sólo serían dos y en el inicio del primer periodo de sesiones ordinarias.
4) La reforma política no es prioritaria. Sin lugar a dudas, lo central para los mexicanos en las actuales condiciones es, por una parte, la reactivación económica y el incremento del empleo; por la otra, el abatimiento de los índices de criminalidad. Pero resulta absurdo asumir que la discusión legislativa de la reforma política implique ignorar o diferir los otros temas. Hay reglas e instancias en el Poder Legislativo que permiten atender los asuntos más importantes y urgentes de manera simultánea.
En contraste, con la reticencia de los diputados priístas, el grupo parlamentario del PRI en el Senado tiene a la reforma política entre sus prioridades para este periodo y ha expresado con toda claridad que no elude el tema. Su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, ha reafirmado el carácter “impostergable e imprescindible” de la reforma al régimen político que incluye, entre los temas más relevantes: la ratificación de algunos titulares del gabinete, especialmente de Gobernación, Relaciones Exteriores y Economía; un procedimiento terso para encarar la hipótesis de falta absoluta del Presidente de la República; la supresión del “veto de bolsillo” del Ejecutivo, y una adición al artículo 40 de la Constitución para establecer, sin asomo de duda, el carácter laico del Estado mexicano.
El país reclama una reforma política que mejore el diseño institucional y favorezca las capacidades sistémicas para el ejercicio de gobierno. Sin esta reforma será más difícil concretar otras que favorezcan la competitividad, el bienestar social y la seguridad pública. Si la iniciativa de Calderón es insuficiente, como ciertamente lo es, toca al Poder Legislativo enriquecerla. Acompañar, por ejemplo, la propuesta de reelección consecutiva de autoridades municipales y jefes delegacionales con la posibilidad de revocación del mandato para castigar la ineptitud, la irresponsabilidad o la corrupción de autoridades electas. Equilibrar las nuevas facultades del Ejecutivo, necesarias para el despliegue de la acción de gobierno, con mayores atribuciones del Congreso para ratificar al gabinete presidencial. Hacer más rigurosos los requisitos para preservar el registro de partidos y acceder al financiamiento público sin que ello reduzca la pluralidad del Legislativo ni haga imposible la emergencia de nuevas formaciones. Encontrar una fórmula aceptable, eficaz y coherente para que la segunda vuelta presidencial contribuya a generar mayorías estables y gobiernos fuertes, en lugar de promover alianzas oportunistas y pulverizar la representatividad de “minorías” político-ideológicas en aras de una artificial e imaginaria estabilidad bipartidista.
Hay mucha tela de dónde cortar y los grupos parlamentarios están obligados a ejercer su derecho y asumir responsabilidad. Las cartas están sobre la mesa. Ya no hay pretextos.
Presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario
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